Contra su represión jurídica contra la juventud, nuestra solidaridad

Raquel CampañaComunicado de UJCE-CLM.

Desde la Unión de Juventudes Comunistas de España en Castilla-La Mancha queremos mostrar nuestra total solidaridad y apoyo en la defensa a nuestra militante Raquel Iniesta. El Ayuntamiento conquense ratifica la multa de 3.000€ a Raquel, quien legalizó la concentración por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, en un lugar y hora distintos a los hechos que le imputan.

El pasado 15 de junio tuvo lugar una concentración en la Plaza de la Hispanidad reivindicando el cierre de los CIES (centros de internamiento de extranjeros)  Hubo una charla para que toda la ciudadanía pueda conocer en qué consisten estos centros. No hubo ningún percance, hasta que el 27 de julio nuestra compañera Raquel recibió una notificación de sanción, acompañada de la carta de pago de 3.000€ de multa por parte del Ayuntamiento de Cuenca, que tan sólo llevaba un par de días constituido en la fecha de la concentración.

Se le acusa de violar la Ordenanza de tráfico por “modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos” el 15 de junio a las 08.45h en la Plaza de la Constitución. Para empezar, el lugar y la hora de la denuncia son falsas: la concentración tuvo lugar en la Plaza de la Hispanidad a las 20:30h. Además del absurdo que supone pretender que se modificaron o colocaron objetos sobre una señal de tráfico (o sus inmediaciones, tampoco dejan claro cuál es el delito exactamente) en una zona peatonal que no tiene señales de tráfico.

Después de recibir la denuncia se redactó un escrito de alegaciones, que ha sido desestimado por el Ayuntamiento de Cuenca, ratificando la denuncia y la sanción económica. Frente a esto se ha interpuesto un recurso de reposición que, si fuera desestimado, nos obligaría a interponer una demanda judicial contenciosa-administrativa, teniendo que contratar servicio de abogacía para tal fin.

Nos encontramos, pues, ante un caso de pura REPRESIÓN, y obedece a intereses políticos: aplicación de la Ley Mordaza para meter miedo a la gente para que no se movilice, ya que denuncian a la persona que pidió el permiso para realizar la concentración y no a quien realiza el supuesto delito. No es casualidad que la multada sea “una persona sobradamente conocida”, puesto que en la ciudad ya hay activistas multadas con este vergonzoso argumento. No tenemos derecho a la presunción de inocencia, ya que aunque haya registros gráficos que demuestran que la denuncia es falsa, el Artículo 52 de la nueva ley “Mordaza” regula “el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad”. ¡Vamos, que lo que diga el agente de policía local va a misa!

Desde la UJCE no vamos a dejarnos avasallar, vamos a seguir luchando en las calles poniendo voz a aquellas que no la tienen, apoyando casos como el de Raquel. La movilización es nuestra principal arma para combatir a los opresores, y vamos a seguir luchando día a día por los derechos e intereses de la clase trabajadora.

El PCE llama a la movilización como respuesta a la política represiva del PP

El próximo lunes se celebrará el juicio a Matilde Castilla, portavoz de Intersindical acusada de desobediencia a la autoridad por convocar, en nombre de las Marchas de la Dignidad, una concentración, contra las políticas de recortes impuestas por la Troika, en la campaña de las últimas elecciones europeas.Tanto la prohibición de la concentración por parte de la Junta Electoral, como la causa abierta a Matilde, constituyen una vulneración flagrante de las libertades de todo Estado democrático.

Denunciamos que este proceso, como otros muchos abiertos a sindicalistas y activistas de movimientos sociales, atenta contra derechos fundamentales y persigue un doble objetivo político: por un lado, criminalizar los derechos de huelga y manifestación,  por otro, amedrentar a la ciudadanía para que no siga movilizándose de forma masiva.

Esta ofensiva judicial va acompañada de una ofensiva legislativa, intensificada de forma no casual en los meses previos a los procesos electorales de 2015. Si el Partido Popular ha aparcado, por el momento, su reforma electoral para la elección de alcaldes, no piensa, sin embargo, renunciar a los instrumentos legislativos que le permitan reprimir con mayor intensidad las movilizaciones ciudadanas.

La semana pasada se inició el trámite parlamentario del proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza). Esta ley  busca, mediante la imposición de multas exorbitantes, infundir el miedo propio de un Estado policial.

El movimiento obrero, las mareas en defensa de los servicios públicos, las marchas de la dignidad, el movimiento feminista y, en definitiva, cualquiera que ejerza su derecho a manifestación o simple libertad de expresión, se verá amenazado/a por una ley que señala a toda persona que disienta de las medidas políticas impuestas en perjuicio de la mayoría social.

Así mismo, no debemos olvidar que esta Ley Mordaza viene acompañada de la Ley de Tasas, ya en vigor, que restringe el acceso a la Justicia de las personas con menos recursos, y del anteproyecto para la reforma del Código Penal.

Desde el Partido Comunista de España, consideramos que es necesario redoblar la respuesta ciudadana en las calles, contra la legislación represiva que pretenden imponernos, y en apoyo a las personas afectadas. Por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que secunde la concentración convocada el próximo lunes, frente a los Juzgados de Ciudad Real, en apoyo a Matilde.

22-M: hacia la configuración de un Bloque Social y Político Alternativo

La crisis está siendo utilizada por el capital como excusa para imponer  medidas que aseguren su dominio. Se reducen salarios, aumenta la precariedad y la explotación de la clase trabajadora; el agujero del ladrillo en las entidades financieras se tapa con dinero público, mientras se recortan servicios esenciales (sanidad, educación, pensiones…) y se abre la puerta del negocio a la empresa privada; se reforma la legislación para aumentar la represión sobre los sectores de la sociedad más combativos y se cercena la representatividad democrática de las instituciones.

En Europa, el instrumento del capital para imponer estas políticas es la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea) y su brazo ejecutor en España el bipartidismo. Así, mediante el pacto PP/PSOE para reformar el artículo 135 de la Constitución, se impuso la prioridad del pago de la deuda por encima del mantenimiento de los servicios públicos y el gasto social (pensiones, dependencia…).

Para hacer frente a estas agresiones, el Partido Comunista de España, considera imprescindible la configuración de un Bloque Social y Político Alternativo donde converjan movimientos sociales, sindicatos e izquierda transformadora. En esta dirección,  la iniciativa de las Marchas de la Dignidad supone un importante paso adelante.

El apagón informativo no evitará que esta iniciativa sea un éxito. A los cientos de personas que llagarán caminando desde todos los rincones del estado, se unirán decenas de miles en trenes y autobuses, levantando la voz en contra del pago de la deuda ilegítima, en defensa de los servicios públicos y  trabajo digno para todos y todas.

A pesar de algunas diferencias, lógicas cuando se trata de llegar a consensos entre organizaciones tan diversas, las Marchas de la Dignidad constituyen un ejemplo palpable de lo que se puede conseguir con unidad, organización y lucha. Después del 22, las estructuras y dinámicas de colaboración que se han generado en los diferentes territorios para dar difusión y cobertura logística a las Marchas, deben servir para mantener el impulso de movilización y lucha.

En este sentido, el PCE considera que ha llegado el momento de plantear la convocatoria de una Jornada de Protesta Cívica, donde, de forma unitaria y descentralizada en todo el territorio nacional, se realicen acciones de desobediencia cívica, protesta ciudadana y  rechazo a todas las políticas que se están desarrollando para imponer una salida antisocial y autoritaria a la crisis capitalista.

 

Secretaría de Movimientos Sociales del PCE en Castilla-La Mancha

Comunicado de apoyo a los camaradas de Alcalá de Henares ante la represión policial del 14 de febrero

Ciudad Real, 15 de febrero

La madrugada del pasado día 14 de febrero, la Policía Nacional irrumpió con violencia en el Centro Social 13 Rosas, sede de la Agrupación Local del  PCE en Alcalá de Henares. Argumentando el incumplimiento de una ordenanza municipal sobre ruidos, varias decenas de agentes irrumpieron violentamente en el local sin ningún tipo de orden judicial, agrediendo a todas las personas que se encontraban dentro y procediendo a realizar un registro del mismo, incluyendo el ordenador. Dos compañeros de la Unión de Juventudes Comunistas de España han sido detenidos por recriminar la actuación policial y tres más han requerido asistencia médica en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Los hechos ya han sido denunciados ante los juzgados.

La Agrupación Local del PCE de Ciudad Real quiere expresar su máxima repulsa y condena ante acciones que sólo pueden calificarse como represivas y propias de un estado policial, en un momento en que el debilitamiento del Régimen está conduciendo a posiciones autoritarias e intolerables desde un punto de vista democrático. Así mismo, transmite todo su apoyo a los compañeros y compañeras que han sufrido esta represión policial injustificable.

Comité Local del PCE de Ciudad Real.

Comunicado conjunto de PCE y UJCE contra la Ley de Seguridad Ciudadana

Bajo el lema “Ni represión, ni capitalismo”, el Partido Comunista de España (PCE) y la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) apoyamos la manifestación convocada el próximo 16 de febrero por la PAH en rechazo al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Un proyecto que el Gobierno ha presentado para su aprobación en el Congreso con el que pretende reformar el Código Penal endureciendo las sanciones y ampliando los comportamientos sancionables.

El Gobierno decidió llevar este asunto al Congreso en un momento en que el enfado organizado de los trabajadores en las llamadas “mareas ciudadanas” empezaba a tener mayor repercusión en los medios de comunicación. Esa mayor repercusión de la protesta ha generado miedo en el Gobierno, un miedo que le invade cuando el pueblo ejercita sus derechos y se rebela contra las imposiciones de instituciones que no han sido elegidas democráticamente y que cargan sobre nuestras espaldas el peso de la crisis.

Esta Ley de Seguridad Ciudadana que quieren implantar va a tipificar las acampadas, las reuniones en lugares públicos, los escraches, el despliegue de pancartas en los edificios, las protestas anti desahucios, la grabación de actuaciones policiales o la instalación de mesas informativas. Por eso PCE y UJCE consideramos que esta ley solo busca atacar a los movimientos por el derecho a la vivienda, a las organizaciones de trabajadores, a los que defienden los servicios públicos, a los que reivindican un modelo diferente, a los republicanos, a las mujeres que luchan por sus derechos, a los jóvenes que lo hacen por un futuro digno, y a quienes, en definitiva, osen levantar la voz contra el actual sistema monárquico bipartidista.

Todas estas medias que contiene el proyecto de Ley se puede resumir en una: crean la figura de un nuevo delincuente, el disidente político. El Partido Popular está convirtiendo sus prejuicios en leyes, y debido a los problemas que siempre le ha generado la protesta democrática busca ahora la criminalización de la misma.

Ante este nuevo ataque a la clase trabajadora y a la ciudadanía en su conjunto, el PCE y la UJCE reclamamos en la calle y en las instituciones donde estamos representados la retirada del proyecto de ley y la dimisión inmediata del Ministro del Interior. Así mismo, animamos a todos a secundar la manifestación del próximo domingo para defender un sistema democrático respetuoso con la protesta y la voluntad popular.

El PCE felicita a los imputados absueltos y pide a la justicia la absolución del séptimo

El Secretario General del PCE en Castilla – La Mancha, Jorge Vega, felicitaba ayer a los seis manifestantes para los que la Fiscalía ha pedido la absolución en un juicio de faltas, imputados por asistir y protestar en una manifestación que no había sido convocada. Así mismo, el Secretario General manifestó que “desde el PCE exigimos la absolución del séptimo imputado, al que la Fiscalía pide 50 euros de multa”.

Ayer 16 de diciembre, el PCE de Castilla – La Mancha arropaba a los imputados a las puertas de los juzgados de Ciudad Real y participaba en las jornadas de Represión y Democracia organizadas por IU-PCE-UJCE. Las jornadas comenzaban con la presentación de las mismas a cargo de  Carmen Soánez, Concejala de IU en Ciudad Real; Daniel Martínez, Coord. Regional de IU; Jorge Vega, Sec. General del PCE-CLM y José Morales, Secretario General de la UJCE-CLM.

Las charlas comenzaron con “Burorrepresión: sanción administrativa y control social”. El profesor de Historia en la UCLM, Pedro Oliver, denunció que las reformas legislativas en temas de política interior busquen comparar al activismo social con vandalismo, igualar en tratamiento la propaganda política y la simple basura. Recordó a su vez la participación del PSOE en la represión de la propuesta, especialmente con la actitud de Rubalcaba como Ministro de Interior y la conocida como Ley Corcuera. El profesor de Derecho Manuel Maroto informó del aumento espectacular de las multas desde 2011, coincidiendo con el incremento de la protesta social. Para Maroto estas multas generan un menor alboroto político que la represión clásica, aunque anuncios como multas desproporcionadas de hasta 600.000 euros está haciendo que la cuestión de las sanciones salten a los medios de comunicación.

A continuación se analizó la reforma del Código penal a cargo de Nicolás García Rubio, Catedrático de Derecho Penal en la UCLM y Nacho Monreal, profesor en Guadalajara que se enfrenta a una acusación de cuatro años de prisión por una participar en una protesta pacífica. García Rubio hizo un repaso histórico mostrando como sucesivamente en la historia de España desde el siglo XIX se ha confundido la política interior con el orden público. Este concepto de orden público se redujo con la Constitución del 78, pero que ahora se expande con la Ley de Seguridad Ciudadana y la Reforma del Código Penal. Por su parte Monreal contó a los asistentes su experiencia, donde aunque el Fiscal no ve delito, se enfrenta a una acusación particular ejercida por policías de cuatro años de prisión por resistencia a la autoridad. “No sabemos cómo va a acabar esto, tenemos inquietud porque no tenga un final feliz” afirmó.

La ponencia de criminalización de la protesta social fue llevada a cabo por Felicitas Vázquez, Secretaria de Movimientos Sociales del PCE y Ricardo Sixto, Diputado de Izquierda Unida. Felicitas animó a los presentes a ser parte del conflicto y a formar parte de los Movimientos Sociales, cosa que ella hace al considerarlo fundamental en su militancia en el PCE, “la situación es lo suficientemente dramática para que la iniciativa parta de los ciudadanos y los partidos políticos nos tengamos que sumar”. “Ellos hacen lo que han hecho toda la vida, reprimir al que se mueve. Ahora lo hace el PP, y se le da bastante bien”. Ricardo Sixto advirtió de algunos aspectos de las reformas, como el hecho de que se vaya a considerar como falta grave manifestarse en la jornada de reflexión, aunque no se quiera influir en el resultado (recordando el 13 de marzo de 2004). También señaló que las multas pequeñas son las más peligrosas, como negarse a ser identificado no habiendo una conducta sospechosa, y que la existencia de listas negras hace que se haya llegado a sancionar a gente que podía probar fehacientemente que no se encontraba en el lugar de los hechos.

Para finalizar, intervino el Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. Comenzó anunciando que preguntará al Presidente del Gobierno cómo justifica sus incumplimientos ante los ciudadanos y que pedirá de nuevo la dimisión de Rajoy por eso y por formar parte de un partido que ha ocultado una trama de corrupción destruyendo pruebas de presuntos delitos y destituyendo a policías que estaban llevando la investigación. Informó de la enmienda a la totalidad presentada por IU a la modificación del Estatuto de Castilla – La Mancha, una reforma que busca mantener la alternancia para salvarse el uno al otro, “esta región pudo ser de otra manera”.